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Alfonso Martínez pagó más de 12 millones de pesos a CB Televisión

 Por Eduardo Pérez Arroyo

Mientras buscaba su reelección en 2018, el entonces alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcázar otorgó directamente a CB Televisión más de 12 millones de pesos por conceptos de publicidad y difusión.

Las operaciones implicaron un aumento de hasta 66 por ciento en el dinero otorgado al canal entre 2017 y 2018. Pero CB no fue el único beneficiario: los datos arrojan que La Voz de Michoacán y el extinto diario Provincia también recibieron cuantiosos convenios mensuales por parte de Alfonso Martínez. Pese a las millonarias cifras envueltas, no hubo licitaciones públicas.

El detalle

A fines del mes pasado, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) anunció que fiscalizaría la totalidad de las partidas de gasto relacionadas con actividades de promoción y comunicación social del Ayuntamiento de Morelia durante el ejercicio 2018.

En total, fueron 12 millones 120 mil 863 pesos lo que la administración del expanista pagó a CB Televisión entre los años 2017 y 2018. Así se desprende de un documento oficial del Ayuntamiento de Morelia obtenido a través de la Plataforma de Transparencia.

El documento en poder de este medio indica que la administración independiente pagó 3 millones 320 mil 27 pesos al canal en 2017, y 8 millones 800 mil 836 en 2018.

Cabe destacar que la empresa presentó hasta siete razones sociales distintas para obtener estos contratos: “Creando Imagen Puréhpecha S.A. de C.V.”, “Ingenia Empresarial S.A. de C.V.”, “Consultoría y Promotoría de Servicios Monarcas S.A. de C.V.”, “Bo Publicidad S.A. de C.V”, “Enter Comercializadora S.A. de C.V.”, “Medio Entertainment S.A. de C.V.” y “Corporación Morelia Multimedia S.A. de C.V.”. Todas figuran en el padrón oficial de proveedores del Ayuntamiento de Morelia.

Este medio comprobó que al menos las cuatro últimas pertenecen a los mismos dueños de CB Televisión, Islalli Belmonte y su hijo César Osuna Belmonte. Incluso, los email expuestos en el padrón oficial de proveedores y contratistas son los mismos: facturacion.cb.tv@hotmail.com y facturacion.cb.tv@gmail.com.

Otros de los convenios locales más altos aprobados por Alfonso fueron destinados a La Voz de Michoacán por 235 mil pesos mensuales oficialmente reportados, y Provincia, por 110 mil pesos mensuales oficiales.

Se adjudicaron a dedo

Los contratos o convenios signados por el Ayuntamiento independiente de Alfonso Martínez con los medios de comunicación, que en algunos casos implicaron pagos de hasta 330 mil pesos, fueron resueltos mediante adjudicación directa y sin licitación pública de por medio.

La práctica no es ilegal, dado que según el exsecretario de Administración, Yankel Benítez, las normas actuales permiten adjudicar directamente contratos por montos de hasta 500 mil pesos. Sin embargo, instituciones y normas públicas y especialistas en transparencia como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recomiendan utilizar esquemas de licitaciones como una manera de asegurar la transparencia en cualquier proceso.

El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen (la federación, las entidades federativas o los municipios), se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En tanto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recomienda no utilizar el procedimiento de adjudicación directa sino solo en tres situaciones específicas: cuando sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o prestar el servicio; en los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor; o cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.

 

 

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