Por Carlos Underwood
Barcelona. La crisis de los refugiados en Europa empeora cada día. Mientras países como Grecia se vuelven cárceles para quienes llegan como tránsito, España confina a todos aquellos que piden asilo como si se trataran de criminales, “delincuentes” por huir de la violencia.
Ante los motines e incidentes recientemente ocurridos en Salamanca, Murcia, Barcelona, Madrid y Valencia, el partido de izquierda PODEMOS –Madrid y Barcelona– y sus alcaldes buscan sus cierres, aunque se antoja difícil con Mariano Rajoy Brey al frente del gobierno español, cuya ideología advierte al fascismo más crudo heredado por Francisco Franco.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) son las nuevas cárceles para los indocumentados, para quienes no cometen crímenes pero son marginados por las políticas instauradas por la mayor parte de los países europeos, países con un historial de saqueo y eterna deuda social con naciones ricas en recursos pero despojadas.
Las fugas en dichos centros y motines han obligado a políticos de Barcelona y Valencia, respectivamente, a tomar una postura firme para su cierre definitivo; sin embargo, no se ha avanzado en el tema por la postura federal y la parálisis social.
Dani Vilaró, encargado de Comunicación por parte de Amnistía Internacional (AI) Catalunya, explicó para Revés Online que, a diferencia de algunas organizaciones y gobiernos locales que buscan el “cierre” de los CIES, AI “propone alternativas”. Aunque dejó en claro que actualmente trabajan en la actualización de las propuestas, Amnistía Internacional Catalunya –como lo señala en su informe del 2013– “quiere sumarse a otras voces críticas contra las políticas migratorias que utilizan la detención e internamiento de personas inmigrantes de manera generalizada e indiscriminada, como un medio de control migratorio”.
“Todas las personas, incluidas ‘las personas’ migrantes, tienen derecho a la libertad y protección frente a la detención arbitraria. La detención y posterior ingreso en un centro de internamiento para extranjeros debe ser contemplada como una medida excepcional y de último recurso, una vez que se hayan valorado todas las medidas alternativas existentes mediante una valoración individual de cada caso concreto. La medida de internamiento ha de ser proporcional y responder a un objetivo legítimo, de acuerdo con la normativa internacional de derechos humanos. Cuando esto ocurra, debe proporcionarse una oportunidad efectiva para recurrir la decisión y procurar que la detención sea por el menor tiempo posible”, refiere el informe de AI.
Dani Vilaró puntualizó que existen otras voces que buscan el cierre de los CIES, como la campaña “Cerremos los CIE” (Tanquem els CIE, en catalán), y otras que han puesto sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos por parte de los CIES, como “SOS Racismo Catalunya”. Dicha organización, por ejemplo, documentó cómo las agresiones racistas, en un 35 por ciento, son llevadas a cabo por agentes de seguridad, después por particulares.
“Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por la ausencia en España y en la Unión Europea de una política migratoria que priorice, respete y garantice los derechos humanos de las personas migrantes. Derechos que en España han sido menoscabados a través de las diversas reformas de la legislación de extranjería durante los últimos años”…
“Con motivo de la última reforma de la Ley de Extranjería en el año 2009, la organización hizo público un informe a fin de que aquellos aspectos no acordes a los estándares internacionales de derechos humanos, pudieran ser modificados durante el trámite parlamentario. Desde entonces, la ley ha sufrido nuevas modificaciones, y se ha dictado el reglamento de desarrollo de la ley”…
En dicho informe, Amnistía Internacional “lamenta que dentro de un contexto de crisis económica, se apueste por una política migratoria que se traduce en la contravención de los derechos humanos de las personas inmigrantes. En ningún caso se pueden justificar obstáculos al acceso a derechos como la salud y la educación, que pueden impactar gravemente en el derecho a la vida personal o familiar”.
De la misma forma que Grecia prioriza el rescate económico –por cierto, fallido hasta el momento–, España pone de pretexto una eterna crisis financiera y manda al sótano temas de derechos humanos prioritarios como tratar a los refugiados y migrantes: España muestra que la herencia del fascismo franquista perdura en la imagen del rey y en el trato indigno a seres humanos cuyo crimen es la búsqueda de una nueva vida.
“Durante los últimos años, varias organizaciones de derechos humanos y defensa de las personas migrantes, así como algunos sindicatos policiales, han denunciado la existencia de identificaciones masivas en la vía pública, siguiendo un perfil étnico con objeto de realizar controles migratorios. Tras la entrada en vigor de la última reforma de la ley en 2009, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil dictó la Circular 1/2010 que permitía además a la policía poner a un extranjero en situación de ‘detención preventiva’ si no hubiese acreditado que se halla legalmente en el país”.
“Amnistía Internacional pide al Estado español que sus políticas migratorias sean acordes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos y no criminalicen a las personas inmigrantes. También exhorta a las autoridades a que adopten medidas que reduzcan o limiten su vulnerabilidad frente a los abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente para las personas en situación administrativa irregular, y en particular cuando se trate de mujeres y menores de edad”…
“Amnistía Internacional se opone a la detención de refugiados y solicitantes de asilo, salvo en aquellas circunstancias más excepcionales previstas en la normativa y estándares internacionales. Amnistía Internacional recuerda una vez más, que se debe posibilitar a todas aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos acceder a procedimientos de asilo con todas las garantías. La organización expresa su preocupación ante el internamiento automático de aquellas personas recién llegadas a territorio nacional que no han tenido oportunidad de solicitar asilo hasta ese momento. Por otro lado, aun cuando se les haya denegado el asilo y/o exista una orden de expulsión en vigor, y se esté a la espera de la devolución, debería hacerse una valoración del riesgo que para la persona implica la devolución, por cambio de circunstancias sobrevenidas en la situación política del país de procedencia, porque haya temor a que pueda sufrir torturas, o porque proceda de países donde el hecho de migrar se castiga con penas de cárcel. En todos estos casos, el Estado español viene obligado a no efectuar la devolución en virtud de sus compromisos internacionales y en base al principio de non refoulement”.
La creación de los CIE fue en 1985, “con el objetivo de que los extranjeros en situación irregular en España pudieran ser ingresados en estos centros a fin de posibilitar la devolución a sus países de origen: La detención preventiva cautelar fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional siempre que esté sometida a un control judicial, que la decisión que acuerde el internamiento sea adoptada mediante resolución judicial motivada, controlando esta no sólo el carácter imprescindible de la pérdida de libertad, sino que debe permitir al interesado presentar sus medios de defensa, evitando así que la detención presente el carácter de un internamiento arbitrario”…
“Hasta el año 2009 se preveía que el tiempo máximo de estancia era de 40 días, no pudiendo volver a ingresar para el cumplimiento de la misma sanción administrativa. En la última reforma de la legislación de extranjería ese plazo fue aumentado hasta los 60 días, a tenor de la transposición de la llamada Directiva de Retorno”.
El “reducir”, o “reducción”, una técnica que usan los agentes de seguridad para someter a los migrantes internos, violenta los derechos humanos, y España se ha encargado de mejorar dichas herramientas de control. Para Amnistía Internacional debe existir “la prohibición expresa del uso de mordazas o métodos que puedan obstaculizar las vías respiratorias y entrañen un riesgo considerable para la vida, y el uso de grilletes, tal y como establece la normativa de Aviación Civil y la Resolución 1547 (2002) del Consejo de Europa”.
El tema de los refugiados es ignorado por el mundo, y lo peor es que países “civilizados” son los verdugos de hombres, mujeres y niños que buscan una salida a la guerra y a la violencia. España muestra una caída infernal en el tema, y se antoja difícil una solución. España, un gobierno fascista y en retroceso en cuanto a derechos humanos.
