A las 19:00 horas del 8 de marzo, un grupo de mujeres rompió algunos cristales del banco Banamex sobre la avenida Madero de Morelia. A kilómetros de distancia, los dueños de la institución financiera ni se inmutaron, pues con el seguro del inmueble podrán reparar los cristales sin problema alguno.
Quien no tuvo la oportunidad de reparo fue la familia de Lucía Ugalde, asesinada en marzo de 2019 en su propio departamento. Su esposo, de quien estaba separada, la asfixió para después huir, cortándole de tajo sus planes, sus proyectos y metas personales y profesionales. Hoy el feminicida está preso, pero a tres años de distancia, ni siquiera se ha realizado la audiencia de juicio oral, por lo que continúa la incógnita de si será declarado culpable o inocente.
El mismo martes 8 de marzo, mujeres que se manifestaban en el Centro de Morelia fueron detenidas por la policía municipal, acusándolas de disturbios y desorden público. Varios policías las sometieron con violencia, las subieron a patrullas y las mantuvieron sin libertad por varias horas, para después liberarlas.
Sin embargo, no hubo presencia policiaca cuando a tres mujeres las asesinaron en un lote cercano a Atécuaro, el pasado 3 de febrero. Según las investigaciones, las víctimas fueron torturadas previamente en una casa de la colonia Rector Díaz Rubio, donde las golpearon con tablas y otros objetos. Posteriormente, las llevaron a un paraje donde las mataron a balazos y sus cuerpos fueron encontrados por campesinos que pasaban por la zona.
En esa casa se vendía droga y se organizaban fiestas de forma continua. Aunque hubo denuncias anónimas de los vecinos, la policía nunca acudió al lugar, permitiendo que el multihomicidio se realizara.
Durante las protestas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, policías estatales lanzaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma a las mujeres y a representantes de los medios de comunicación. Los uniformados se escondieron detrás de las enormes vallas metálicas frente al Palacio de Gobierno. Desde esa posición, hirieron a quienes manifestaban su enojo por la nula protección que el Estado brinda a la sociedad.
A Diego Urik, procesado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor en septiembre de 2020, nadie lo molestó mientras golpeaba sin cesar a su víctima. Tuvo tiempo de matarla con saña, de golpearla 31 veces en la cabeza, meterla a una cajuela y abandonar su cuerpo en un terreno al sur de la ciudad. Tampoco hubo bala alguna o gas pimienta para evitar que huyera a Jalisco. Hoy está preso, pero el Estado le ha otorgado un sinfín de recursos legales para aplazar el juicio oral, pese a que ya transcurrió un año y medio del crimen.
En una conferencia de prensa por la mañana del 8 de marzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que ya tenían identificado a un colectivo de mujeres feministas. Las comparó con los barristas de Querétaro, quienes golpearon brutalmente a aficionados de futbol, y les pidió que se manifestaran en paz, pues no era válido el uso de la violencia.
Pero el gobierno no identificó ni señaló nunca al esposo de Patricia Paniagua, a quien se le acusó de desaparecerla en el poblado de Santa Ana Maya. El 31 de mayo de 2020, fue obligada a subir a una camioneta y desde entonces no se sabe nada de ella. La Fiscalía reunió pruebas para encarcelarlo, pero luego de permanecer por un año y siete meses en prisión, una jueza encontró inconsistencias en la investigación y lo dejó libre el pasado 26 de enero. Patricia es madre de tres hijas, tiene 26 años y trabajaba en una tortillería al momento de su secuestro.
Aunque había elementos para protegerla, nadie lo hizo y solo su familia la sigue buscando.
