El periodista mexicano Juan Alberto Vázquez cubría en enero de 2019 el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York cuando se encontró con un caso extra. Se trataba de una audiencia de sentencia contra cinco mexicanos acusados de trata de personas. Eran integrantes de los Rendón-Reyes, familia ya declarada culpable y que solo esperaba el tamaño de la pena por explotar a mujeres menores de edad.
El clan lo encabezaba Saúl Rendón Reyes, que junto con sus hijos, hermanas y primos organizó secuestros de niñas y jóvenes mexicanas para trasladarlas hasta Estados Unidos y prostituirlas.
Fue así que Vázquez se adentró en el tema que ahora se plasma en el libro Los padrotes de Tlaxcala; esclavitud sexual en Nueva York, publicado por la editorial Aguilar. En entrevista, da detalles de su investigación que se centra en horas de audiencias donde salieron a reducir la forma en que familias completas se organizan para lucrar a costa de prostituir mujeres, tanto en México como en el vecino del norte.
Se había contado muy poco
“Me di cuenta que se había contado muy poco sobre la forma en que se finca este delito. De cómo las mujeres son trasladadas a Estados Unidos, cómo las someten o qué les pasa cuando quieren escapar”.
Algunos antropólogos afirman que la explotación sexual en Tlaxcala se remite a la década de los 60 del siglo pasado, ya con un fenómeno migratorio en San Miguel Tenancingo, donde todo comenzó. Después, esta “tradición” se extendió a más municipios no sólo de esa entidad, sino de sus vecinos en Puebla.
“El departamento de Justicia de EU tiene registros de tráfico sexual desde inicios de los 90. Es decir, ya habían transcurrido dos décadas desde que a las mujeres las prostituían en Puebla, León, Ciudad de México o Tijuana, pero hubo un momento en que el negocio se fue a Estados Unidos”, añade el periodista.
En el capítulo 5 del libro, “De buenos vecinos a buenos muchachos”, Vázquez da los pormenores de cómo los traficantes sexuales cuentan con una base social que los protege, tanto para cometer delitos como a la hora de los juicios. Pone como ejemplo el caso de la organización López Pérez, integrada por tres medios hermanos que en pleno proceso judicial fueron apoyados por sus vecinos, que mandaban cartas al juez para que no los castigara de forma severa.
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“Es la famosa base social, porque son padrotes que suelen hacer inversiones en los pueblos de los que son originarios. Prácticamente todas sus ganancias se invierten en casas, en negocios, en autos, en ropa de marca. Las cartas que retomo en el libro ilustran cómo hasta alcaldes, policías y vecinos abogaban por los delincuentes; es una normalización del delito en las comunidades, algo incluso aspiracional, como ocurre con el narcotráfico. Y tiene, claro, a la pobreza y la falta de oportunidades como telón de fondo”.
Entornos de pobreza
En las páginas del libro también vemos la forma en que los abogados defensores pretenden victimizar a sus clientes. Alegan ante el jurado que esos padrotes no tuvieron educación y que tal vez se involucraron sin pretenderlo, sin ser conscientes.
“No hay nada que lo justifique, pero la pobreza ahí está. Habría que voltear al sur de Tlaxcala y generar oportunidades. Hay comunidades indígenas donde se permite que un hombre tenga varias esposas, que los padres vendan a sus hijas bajo el pretexto de los usos y costumbres”.
La explotación sexual es una de las tres actividades más lucrativas en todo el mundo. Sin embargo, en el caso de Tlaxcala no hay cifras que impresionen, o que se equiparen a las ganancias del narco.
“Te pongo un ejemplo: el Rey Zambada puede pagar 5 millones de dólares como restitución al gobierno de Estados Unidos, algo imposible para un padrote. Una mujer explotada en este país te ofrece ganancias de 300 mil dólares acumulados en dos años, mismos que se deben compartir con otros explotadores, como los choferes que las trasladan.
Bajo ese modelo, un padrote gana 150 mil dólares en dos años; no se hace rico de manera brutal, por eso les alcanza para construir una casa, comprar un auto del año y ya. No generan más ahorros ni suelen tener dinero para pagar buenos abogados cuando los capturan”.
Hasta 30 servicios diarios
Integrantes de familias como los Flores Carreto, Granados Rendón y Rendón Reyes han sido juzgados en tribunales norteamericanos por las redes de explotación sexual a su cargo. Sus esquemas son similares: contactan a mujeres vulnerables, pobres, generalmente violentadas en sus casas y con trabajos precarios.
Bajo ese entorno las enamoran y les prometen darles una vida mejor, pero al final el objetivo es prostituirlas. “Cuando ya las tienen cautivas las violan, las golpean y amenazan con dañar a sus familias si no aceptan vender sus cuerpos. En Estados Unidos hay casos de mujeres que ofrecen entre 10 y 30 servicios sexuales al día, porque llegan al mercado más bajo, donde se cobran menos de 40 dólares por cliente, que suelen ser hombres ebrios, drogados, agresivos”.
Si una víctima logra salir de ese infierno, la reinserción a una vida normal es muy complicada, dice Juan Alberto, pues deben pasar muchos años de terapia, de ayuda, “es un drama porque lo pierden todo y es complicado que se recuperen”.
Mucha ley y poca acción
Mientras que en Estados Unidos las leyes contra los explotadores sexuales se endurecieron desde 2004, en México apenas se legisló en 2012. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas es muy robusta. Incluye penas severas que lo son más si hay menores de edad entre las víctimas. Sin embargo, falta mucho por avanzar, sobre todo en las fiscalías estatales y en los municipios donde no hay refugios que la propia ley señala.
“En el presente la lucha contra la trata la encabeza la sociedad civil, no el Estado. Este gobierno con su política de austeridad ha retirado apoyos a asociaciones, no hay una voluntad política y así es mucho más complicado”.
El periodista remarca que todas estas mujeres no son trabajadoras sexuales, sino esclavas sexuales que no obtienen ganancias por vender su cuerpo.
En México, la mujer que más se ha involucrado en legislar y apoyar a las víctimas es la activista Rosy Orozco, entrevistada por Juan Alberto Vázquez en el libro. Aunque su lucha la han querido demeritar sus adversarios políticos, lo cierto es que no ha dejado de generar acciones para apoyarlas. “Lleva 20 años luchando, ha entregado toda su vida al tema, consigue recursos de donde sea. Necesitamos miles como ella, porque esta batalla la siguen ganando los criminales”.
