El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a los distintos colectivos feministas que se manifiesten pacíficamente durante este 8 de marzo. A pregunta expresa del porqué proteger el Palacio de Gobierno con vallas metálicas, justificó que es una medida de precaución contra los grupos radicales.
En específico, señaló a la colectiva Las Incendiarias de incitar a actos violentos: “Todos estamos de acuerdo en la libre manifestación, pero la sociedad está en contra de la violencia. Sabemos que la mayoría se va a manifestar de forma pacífica, pero también hay grupos que están incitando a la violencia y eso no puede ser”.
En ese contexto, hizo una comparación con los actos suscitados el fin de semana en la Liga MX: “Vean lo que pasó en Querétaro; no puede promoverse ni alentarse la violencia de ningún lado. Sabemos que hay grupos (de este tipo), uno que se llama Las Incendiarias, ya lo tenemos ubicado y les hacemos un llamado para que eviten la violencia”.
Asimismo, arremetió contra el llamado bloque negro, al afirmar que él no usa pañuelo como el presidente de México, pero también quiere amor y paz, algo que se va a lograr “desde el hogar, desde la casa”.
Prometió que los grupos de seguridad del estado evitarán la confrontación con las manifestantes de este 8 de marzo, siempre y cuando los actos se realicen de forma pacífica.
Iniciativa de reforma al código penal
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla anunció la firma de una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán. El objetivo es que haya castigos más severos para los feminicidas, por lo que se pretende homologarlo con el código penal federal.
Al artículo 120, relativo al feminicidio, se le añadirán causales de género como los antecedentes familiares, laborales o escolares entre el verdugo y la víctima. Que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, además de tomar en cuenta amenazas y actos de acoso en el pasado. También se busca ampliar la pena para los feminicidas, buscando condenas de hasta 60 años. A los funcionarios que entorpezcan las investigaciones de estos casos, se les condenará hasta por 8 años de prisión, así como la suspensión del cargo por hasta 10 años y multas económicas. La iniciativa se turnará este mismo 8 de marzo al Congreso del Estado.
