La mañana del pasado lunes, la asociación civil Cinema23 dio a conocer la cancelación definitiva de los Premios Fénix, un evento anual que entregaba reconocimientos a la comunidad cinematográfica de México, América Latina, España y Portugal.
En un extenso comunicado, la organización de estos premios lamenta que los nuevos gobiernos tanto del país como de la Ciudad de México no hayan financiado su proyecto, eliminando así, dicen, un escaparate para posicionar a la CDMX como “una ciudad líder en términos culturales y cinematográficos en América Latina”.
Siempre será lamentable enterarnos sobre la cancelación de proyectos artísticos y culturales, sin embargo, debemos reflexionar sobre qué nuevo esquema se debe construir para la adquisición de recursos públicos.
Como muchas asociaciones civiles en México, Cinema 23 obtenía financiamiento gracias a fondos disponibles en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Pero ese flujo cada vez fue menor: de 7 millones en 2014 terminaron con 1 millón de pesos en 2018, y ahora, ni eso. Además, el pasado gobierno de Miguel Ángel Mancera les facilitaba las instalaciones del teatro Esperanza Iris para la realización de la gala final.
Entrevistado por el portal Animal Político, el director de Cinema 23, Rodrigo Peñafiel, afirmó que a la nueva administración federal no le importa apoyar a la sociedad civil organizada; “todo quiere hacerlo solo, desde clientelismos y apoyos directos”, le dijo a la periodista Verónica Santamaría.
En tanto, el director de los Fénix, Rodrigo Giraldo, escribió un artículo en El País donde igualmente condena una nueva política gubernamental que trata a las asociaciones civiles como si todas estuvieran integradas por delincuentes y corruptos. “De la noche a la mañana pasamos de participar en la realización de estrategias culturales con apoyo del Gobierno a convertirnos en el enemigo que da poder a los oligarcas que quieren perpetuar la ya marcada disparidad social”, escribe Giraldo.
Pareciera que la condena a esta cancelación es unánime, pero no lo es. En su muro de Facebook, el director ejecutivo del Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver y coordinador adjunto del Festival de Cine de Durango, Christian Sida-Valenzuela, pone el dedo en la llaga sobre cómo se debería acceder a recursos del Estado: que sean fondos a concurso, no adjudicaciones directas basadas en amiguismos o influyentismo, pues eso sólo genera élites culturales. El duranguense comparte que en Canadá así se opera, y en un mismo fondo público concursa el Festival de Cine de Toronto (con todo y su grandeza mediática), el Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver y cualquier otra iniciativa artística.
Ahora bien, tendríamos que preguntarnos por qué Cinema23 no logró acceder a fondos distintos a los del gobierno, e incluso por qué no ha accedido a fondos de otros países, siendo que se trata de un evento iberoamericano, no sólo mexicano. Y por otra parte, preguntarnos cuál es el posicionamiento real de los Fénix entre un público mexicano al que poco le importa este tipo de eventos para reconocer al cine local. ¿Alguien podría recordar qué película ganó el más reciente Fénix? Incluso, ¿alguien sabe qué cinta mexicana se llevó el más reciente Ariel? Quizá son preguntas que pueden considerarse fuera de lugar, pues en un país que no tiene industria cinematográfica e invadido por la maquinaria hollywoodense, es complicado consolidar este tipo de eventos que, por otra parte, pueden ser tachados como el coctel anual de una élite cultural que sólo ellos van a extrañar.
Justos por pecadores
La distribución de recursos públicos en México era de terror. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados se convirtió en una bolsa millonaria a la que tenían acceso no sólo las élites culturales, sino un montón de cabilderos que con una AC donataria en la bolsa obtenían cantidades exorbitantes que muchas veces ni siquiera se ejercieron. Así hubo quien obtuvo 10 millones de pesos por un festival que nunca hizo; 5 millones de pesos por un cortometraje que nadie ha visto o 2 millones de pesos para dar unos talleres que no duraron ni tres días. Para lograrlo, por supuesto, tuvo que existir la corrupción más vil, la de diputados que pedían su “moche” para palomear proyectos fantasma o mal hechos.
Si el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” realmente desea impulsar a la cultura, tendrá que apurarse a establecer reglas claras para acceder a fondos públicos, dar de baja a asociaciones civiles con irregularidades comprobadas y, como lo dice Sida-Valenzuela, hacer que todos puedan concursar por recursos, terminando con las élites culturales. No puede sacrificar de tajo a todas las organizaciones de la sociedad civil porque no todas son iguales.
Y menos puede salir con el chiste de que mejor repartirá ese dinero a cada mexicano interesado en la cultura. Aunque, saben, es capaz de cualquier cosa.
